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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha informado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, que ha encontrado 9.800 proyectos, de ... los que no tenía noticia alguna, creados en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía la mujer de Pedro Sánchez y cuyo origen y gestión están en el epicentro de las diligencias previas del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Según fuentes del caso, se trataría de iniciativas puestas en marcha por alumnos de la cátedra que involucraban a pequeñas y medianas empresas, que, al menos en algunos casos, habría desembolsado cantidades sin conocimiento del centro académico.
Según una revela una providencia dictada por el propio Peinado el pasado miércoles, ha sido la propia Complutense la que, motu proprio, se ha dirigió al juez para informarle que esa «Administración Pública Universitaria ha tenido conocimiento de un hecho nuevo, acaecido con posterioridad a los escritos previamente presentados por esta Universidad en el procedimiento judicial de referencia» que se dirige, entre otras, contra la mujer del presidente.
Explica la universidad que el pasado 14 de abril, Pablo Escudero Morandeira, representante de Devoteam G Cloud, una empresa dedicada a gestionar la nube a otras firmas, se puso en contacto vía mail con el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad con el propósito de recibir algún tipo de instrucción respecto a dos proyectos denominados ucm-impactopymes-pro y ucmimpactopymes-dev. Sobre ambos proyectos, cuyo alcance no revela el escrito del juez, la UCM afirma tajante que «no tenía conocimiento previo».
Así las cosas, los responsables de la UCM el pasado 22 de abril se reunieron con dos representantes de esa empresa para «profundizar en los detalles de dicha comunicación» y ambos revelaron en ese encuentro que esos dos proyectos estaban vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva» y que además «generan un coste mensual» para las arcas de esta firma. Y que era por ello que solicitaban «orientación sobre su continuidad».
Desde la UCM –según los documentos judiciales- se comunicó a Devoteam que «no constaba trámite alguno con referencia a dichos proyectos en la Universidad, ni registro de proceso de contratación asociado». Según la Complutense, «no se efectuó entrega de documentación ni material alguno a esta Administración por parte de Devoteam, ni se reclamó importe o contraprestación».
A partir de ahí la Complutense abrió una investigación que ha incluido una «revisión técnica» de todos sus archivos y que ha concluido con la «localización» de «estos dos proyectos entre un listado de más de 9.800 proyectos en la nube, seguramente creados en su mayoría por estudiantado o personal investigador de la universidad».
La Universidad ha informado al juez de que «no resulta posible acceder a los proyectos mencionados» , al tiempo que ha «confirmado» el «desconocimiento de su contenido y la inexistencia de medios para su obtención».
«Asimismo, se han realizado actuaciones en orden a investigar si en algún momento se había notificado o registrado el alta de dichos proyectos, sin hallarse vestigio alguno al respecto, como tampoco se tuvo de los otros 9.800 proyectos antes citados», zanja el centro en su escrito dirigido al instructor que ahora pide a la UCM que identifique los nombres de los responsables de Devoteam que denunciaron la existencia de esos proyectos.
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