Valladolid

El desahucio imposible de la 'habitación azul': «Me obligan a ser solidario con quien no quiero»

Dejó de pagar el alquiler, pero se negó a abandonar la vivienda, en la que aún permanece un año después de que el Juzgado de Instrucción Número Seis estimara en su totalidad la demanda de extinción del arrendamiento interpuesta por el propietario, acordando su desalojo y el pago de las rentas no devengadas hasta la entrega de las llaves. Un final que, seis meses después del pronunciamiento judicial, Zabaleta ve lejano tras el último auto judicial, con el que se ha paralizado el lanzamiento fijado inicialmente para el 24 de abril, dada la condición de vulnerabilidad de la demandada.

«Voy siguiendo todos los pasos que me marca el sistema y, como es lento y farragoso, al final lo que veo es que estoy siendo solidario a la fuerza con una inquilina con la que no quiero serlo», reflexiona Zabaleta, tras repasar, paso por paso, un periplo judicial que, de momento, se ha demostrado ineficaz. «Pusimos la demanda en enero, en marzo se asignó el juzgado y ahí empezó el proceso de pedir justicia gratuita, informe de vulnerabilidad, etcétera», rememora. La vista oral se fijó para el tres de diciembre de 2024 y, tras la sentencia favorable a los propietarios, la inquilina «no recurrió», pero tampoco se marchó.

«Presentamos un incidente de ejecución forzosa y en marzo fijaron para el 24 de abril el lanzamiento, pero entre medias su abogado solicitó la suspensión de la ejecución, que fue atendida mandando un escrito a los servicios sociales para que enviaran informe de vulnerabilidad», detalla, mientras señala en la sentencia, subrayadas en amarillo, las sucesivas legislaciones que entraron en vigor a raíz de la pandemia y que han permitido a la moradora permanecer más tiempo en la vivienda pese a la orden de desalojo.

El informe llegaba este mes de junio a dependencias judiciales y, tras considerar acreditada la situación, el juzgado decretó hace una semana la suspensión del lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que previsiblemente dejará de estar en vigor la última prórroga del real decreto que prohíbe desahuciar a personas en condición de vulnerabilidad social y económica sin alternativa residencial.

«Según el informe de vulnerabilidad, tiene problemas psicológicos y una enfermedad mental del 58 %, lo que determina que siempre tenga conflictos con los otros inquilinos. En los últimos seis meses se han ido cinco, así que cada mes tengo que estar volviendo a poner el anuncio para encontrar gente», lamenta Zabaleta, que, además, se ha visto obligado a bloquearla en WhatsApp ante el aluvión constante de mensajería: «Todos los días tengo un mensaje informándome de cosas tan peregrinas como que un inquilino ha estado 10 minutos en el baño o que no ha limpiado los cacharros. Sobre el último llegó a decirme que estaba loco». Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la inquilina para conocer su versión de los hechos, que ha rechazado hacer declaraciones.

«La alternativa es venderlo, y ahora mismo no puedo hacerlo porque no puedo disponer del bien», critica Zabaleta, que no goza de la condición de gran tenedor y que pide recuperar el inmueble en el que ha vivido durante más de 40 años, hasta que en 2005, en pleno boom inmobiliario, compraron una segunda vivienda en Boecillo. El piso en la capital vallisoletana quedó en desuso, pero en 2012 decidieron alquilarlo por habitaciones para suplir la pérdida de ingresos salariales de su esposa al quedarse en paro.

Ante esta situación, para el propietario la solución pasa porque los mismos Servicios Sociales del Ayuntamiento que han emitido el informe encuentren con celeridad una alternativa habitacional para la inquilina, en cumplimiento con lo dispuesto por el juzgado en el mismo auto de suspensión.

«El Ayuntamiento echa la culpa a las normas que ha fijado el Gobierno de otro color y estos echan la culpa al Consistorio porque no pone los recursos. Al final, todo es un problema de dinero», apunta Zabaleta, que critica la falta de transparencia durante el proceso: «Hace un mes solicité una reunión al Ayuntamiento y he pedido que me informen periódicamente de las gestiones para encontrarle una vivienda, pero no he recibido respuesta».

«Llevamos tiempo trabajando con ella, se le han ofrecido todos los recursos del Ayuntamiento, está dada de alta en Fomento y en la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo (VIVA), y se han trasladado todas las gestiones al juzgado. La parte que nos corresponde está hecha», explica Rodrigo Nieto, concejal de Familia y Servicios Sociales, que asegura que la solución está «en manos del juzgado», el único organismo al que pueden informar por «privacidad». Nieto, que defiende el trabajo del área que dirige, detalla que, en el transcurso del primer semestre de 2025, los Servicios Sociales del Consistorio, que están «obligados a realizar esta labor», han tramitado 80 informes de vulnerabilidad para los juzgados, 29 para la Junta y otros 20 para las entidades del tercer sector.