Avances «insuficientes» en la negociación con Azucarera: «Este drama lo provocan las cabezas pensantes de la empresa»

En concreto, esta «reorganización», como lo definen desde Azucarera, supondría el cierre de sus instalaciones en La Bañeza (116 despidos), el cese de la molturación de remolacha en Miranda de Ebro (50 despidos) y la centralización de toda la producción de azúcar de remolacha en Toro (lo que no impide que también se anuncien 26 despidos en la planta zamorana), más otro en Benavente.

En la tercera reunión de la Comisión Negociadora del ERE, apuntan desde CCOO –sindicato mayoritario en el Comité Intercentros Azucarera– la empresa ha propuesto reducir los despidos de Miranda de 50 a 13 (recolocaría los 37 trabajadores fijos discontinuos que hay en la planta burgalesa), pero manteniendo las cifras en el resto de sedes de la empresa en Castilla y León.

También propuso estudiar la salida de personas mayores de 58 años de forma voluntaria. Asimismo, agregan desde el sindicato, en el planteamiento de la dirección también se considerará la salida de alguna persona de forma puntual, a fecha 31 de diciembre 2025, en las mismas condiciones que se acuerden en el ERE.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO CyL, Miguel Ángel Brezmes, advierte de que siguen «defendiendo que no se cierre la planta de La Bañeza y que la empresa busque una alternativa que impida la pérdida de la capacidad industrial en la comarca leonesa».

Las reuniones seguirán, ya las hay convocadas para los días 17, 23, 24 y 25 de junio. Y las protestas, este viernes 13 de junio en León.

En un comunicado hecho público el pasado 27 de mayo, Azucarera (que ahora ha preferido no hacer declaraciones) aseguró que «la decisión de concentrar toda la molturación en un único centro es la única manera de garantizar la sostenibilidad».

En palabras del consejero delegado, Juan Luis Rivero, «es una reestructuración justificada por la confluencia de múltiples variables estructurales: unos elevados costes resultantes de mantener tres fábricas operativas; la volatilidad del precio del azúcar, intensificada por las importaciones procedentes de terceros países en condiciones de mayor ventaja; o la caída de las producciones de remolacha debido a la prohibición del uso de sustancias activas. Este proceso nos permitirá canalizar nuestro esfuerzo inversor en mejorar nuestra eficiencia y, en general, la operatividad de la fábrica, garantizando así la sostenibilidad de la compañía».

De momento, la empresa ha mejorado su oferta original, pero para los trabajadores es insuficiente. José Alonso (USO), presidente del Comité de Empresa Azucarera en Toro, señala que también se ha avanzado en cuanto a las condiciones de los despidos: «Parece que la empresa está por la labor de pagar algo más, pero nosotros lo que queremos es que no haya despidos».

Las excusas dadas por la compañía para realizar este ERE no convencen, ni muchísimo menos, a Alonso: «Todo este drama está causado por las cabezas pensantes de la empresa. Lo que ha provocado las pérdidas económicas de la empresa ha sido una mala gestión, y es algo demostrable. Los contratos que se hacen con los agricultores para que sirvan la remolacha se han hecho tarde, con lo que el agricultor no ha sacado los rendimientos que debería, y, si no gana dinero, deja de sembrar. Ha habido muchas decisiones que no tenían ni pies ni cabeza», subraya.

El secretario del Comité de Empresa en Toro (y miembro de la Comisión Negociadora) Carlos Gago, también de USO, es optimista con que decrezca el número de despidos y mejoren las condiciones de los mismos. Como su compañero, critica que les hagan pagar a ellos por decisiones en las que no han intervenido.

«El ERE que ellos plantean afecta a 251 personas. Con el sueldo de esos trabajadores y trabajadoras no compensamos una mala decisión –de millones de euros– que hayan tomado los de arriba. Se nos echa la culpa por cosas que se podrían haber evitado».

La Junta de Castilla y León solicita al Ministerio que pase de ERE a ERTE y que active el Mecanismo RED

Después el anuncio del ERE por parte de Azucarera, el delegado territorial en Zamora de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, recibió a una representación del Comité de Empresa en Toro y les trasladó el apoyo de la Administración autonómica: «Solicitaremos responsabilidad a la empresa para con el empleo, el sector remolachero y con Castilla y León», afirmó Prada.

Además, el Ejecutivo autonómico se ha reunido en diversas ocasiones con la empresa y los trabajadores y ha solicitado al Ministerio de Trabajo que no dé viabilidad al ERE, y lo transforme en un ERTE, y que active el Mecanismo RED, «que constituye una medida de flexibilización y estabilización del empleo y se activa por el Consejo de Ministros para un sector de la economía o por un ciclo temporal determinado», apuntan en el propio Ministerio.

Fuentes de la Junta aseveran que enviaron un informe a Trabajo, el pasado 4 de junio, en el que se argumentaba que la empresa tenía un problema puntual, que se puede revertir, y justificaban por qué estiman que es factible la aplicación del RED. Dicho documento se elaboró desde la Consejería de Agricultura, y aún no han recibido respuesta del Gobierno estatal.

Además, la Fundación Anclaje (una entidad pública de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es apoyar proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos) se reunirá el viernes (13 de junio) con Azucarera.

En esa comunicación continua entre la Junta y los trabajadores, los representantes de estos se reunieron el pasado martes con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. A la conclusión, Joaquín Pisabarro, miembro del Comité de Empresa de Azucarera en La Bañeza por CCOO, aseveró que habían estado receptivos y se mostró confiado en que la Administración «cumpla con su obligación: que es tratar de que no haya destrucción de empleo ni pérdida de efectivos ni de bienes en el sector primario».

Esas cifras son personas. Muchas, de más de 50 años y, por ende, con un futuro laboral (si entran en el ERE) bastante complicado. Lo detalla José Alonso: «Hay fijos discontinuos que tienen más de 50 años y, aunque solo trabajen unos meses, entre eso y lo que cobran del Estado viven. Si pierden esto, y más con esa edad, se quedarán muy afectados». Es justo su caso, puesto que tiene 56 años (38 en la empresa) y es fijo discontinuo.

También hay trabajadores fijos que superan el medio siglo de vida. Sobre ellos, Alonso advierte de los problemas que pueden tener si el despido no es acorde a los años cotizados. Además del hándicap de la edad a la hora de encontrar otro empleo, el presidente del Comité de Empresa alerta de que hay personas sin una profesión clara, que llevan décadas en fabricación en Azucarera.

Alonso explica que en la fábrica de Toro hay una mezcla de edades, ya que en los últimos tiempos ha entrado gente nueva que rondaba los 20 años. «Por eso también nos extrañó: estaban contratando a jóvenes, y, de repente, todo esto».

Es el caso de Carlos Gago, que tiene 29 años y, con optimismo, afirma: «Con 9 años de experiencia laboral, mal se me tiene que dar para que no me contraten».