Crónica negra de Valladolid

La cuidadora que mató a tres niños con discapacidad en un centro de Boecillo

15 de agosto de 2011. Sobre las nueve de la mañana de aquel caluroso lunes, la encargada de la limpieza del centro de menores con discapacidad Nuevo Amanecer, en Boecillo, llamó al 112 y a la Guardia Civil para alertar de que tres niños -de tres, nueve y catorce años- habían aparecido muertos en sus habitaciones. Los cadáveres presentaban signos de violencia. Todos padecían movilidad reducida de entre el 80 y el 90% -un grado de dependencia casi absoluta- y por ello iban en silla de ruedas.

La cuidadora a cargo de los tres menores, Graciela Baravrán, fue detenida como autora del triple crimen. La mujer, que trabajaba en el centro los fines de semana, se intentó suicidar después de cometer los hechos y presentaba heridas leves en la cabeza, muñecas y cuello.

El centro de acogida, situado en un chalet en la calle Almendro en el que trabajaban siete monitoras, pertenecía a la ONG Mensajeros de la Paz y estaba tutelado por la Junta. Graciela fue condenada a 45 años de cárcel por triple infanticidio tras reconocer los hechos y evitar así el juicio con jurado popular.

El niño mayor edad, Miguel Ángel S. C., de catorce años y natural de Burgos, ofreció resistencia cuando la mujer trató de asfixiarlo colocando en su cabeza el plástico transparente de cocina, conocido como 'film', por lo que la autora tuvo que usar una bolsa de basura.

Los cuerpos de los otros dos, Daimer E. Q., de nueve, y Daniel G. C., de tres, solo tenían el plástico en la cabeza. La autopsia certificó la muerte por asfixia de los tres menores sobre las cinco de la madrugada.

El más pequeño de todos, Daniel, era de Salamanca y había ingresado en el centro a los pocos días de nacer tras haberse retirado la custodia a los padres, que tenían graves problemas con las drogas. Una de las extrabajadoras estaba en trámites para adoptarlo. Daimer, de nueve años, era de Guinea Ecuatorial, y Miguel Ángel, de catorce y de Burgos, llevaba más de nueve años en las dependencias del centro.

Graciela Baravrán, de 55 años y natural de Uruguay, tuvo que ser ingresada bajo custodia de la Policía en la planta once del Clínico, donde está ubicado el Módulo Penitenciario. El motivo fueron las lesiones que se infligió con un cutter en las muñecas y el cuello, además de una brecha que tuvieron que coserle con 18 grapas.

En su declaración desde el hospital, dijo «no recordar nada» de lo sucedido. No obstante, el juez de guardia ordenó su ingreso en prisión sin fianza cuando fuera dada de alta por los médicos de la Unidad de Psiquiatría. Durante su estancia hospitalaria, siguió dando muestras de querer quitarse la vida. «Rehúsa ingerir alimento alguno», confirmaba el personal sanitario.

El 26 de agosto -once días después del crimen- fue trasladada a la cárcel de Villanubla, donde estuvo vigilada 24 horas al día para evitar que intentara volver a suicidarse. El 10 de septiembre, se arrojó por una ventana del baño de la primera planta de la prisión y se fracturó una cadera. La interna pidió ir al baño y tuvo que cruzar por una zona que en ese momento estaba siendo limpiada, por lo que se había abierto la ventana. Graciela echó a correr y saltó al vacío.

La cuidadora, residente en España desde hacía once años y con nacionalidad española, llevaba cinco trabajando en centros de acogida –cuatro en Valladolid y uno en Boecillo– y, según el centro, jamás había tenido una baja por depresión o ansiedad ni habían detectado en ella ningún síntoma de enajenación. De hecho, Mensajeros de la Paz calificó el suceso de «acto de locura». Sin embargo, su marido aseguró que había intentado suicidarse hace dos años.

Como si se tratase de una terapia íntima, Graciela Baravrán escribió algunas anotaciones sobre aspectos de su vida laboral y personal que le inquietaban. En algunas mencionaba de forma expresa a su marido y a su hija. En otras ponía de manifiesto que su relación con su compañeras de trabajo era complicada. Pero el denominador común de todas las citas era la reflexión, cargada con tintes muy depresivos.

La defensa de la cuidadora de Boecillo solicitó su ingreso en un centro psiquiátrico al entender que el día de autos estaba sumida en un estado de enajenación mental transitorio, lo que le libraba de cualquier responsabilidad penal.

Por el contrario, el informe forense realizado a la monitora sobre su estado mental determinó su imputabilidad al considerar que cuando cometió los hechos no tenía alterada su capacidad volitiva y cognoscitiva. Es decir, que era responsable a los efectos penales a pesar de reconocer que sufría un trastorno adaptativo tras asentarse en España, depresiones y había estado en tratamiento.

Baravrán realizó estudios de Bachillerato en el centro Juan Zorrilla de San Martín de Montevideo, Uruguay. Incluso llegó a hacer el acceso a la universidad, pero no tenía formación profesional alguna relacionada con la puericultura o la sanidad, ni tan siquiera como auxiliar de enfermería. Sin embargo, ejercía como tal. Participaba en sus juegos, les daba de comer, les lavaba y vestía, cocinaba para ellos y les acompañaba. Se ocupaba, en suma, de la atención integral de los menores.

La hija de Graciela era la coordinadora de Mensajeros de la Paz en Valladolid. Por ello, el resto de trabajadoras del centro la acusaron de gozar de determinados «privilegios». También explicaron que el trabajo que soportaba su compañera -una jornada continua de 40 horas que comenzaba el sábado a las cinco de la tarde y que concluía el lunes a las nueve de la mañana- pudo haber degenerado en el síndrome del 'trabajador quemado'.

Sin embargo, precisaron que dicho horario había sido elegido por la misma Graciela ya que al vivir en Ávila -lo que le obligaba a hacer 216 kilómetros para ir y volver- le resultaba más cómodo a nivel personal y laboral. Aseguraban que la directiva conocía sus depresiones y su inestabilidad emocional, pero que las ignoraban por su vinculación familiar con la coordinadora. «Se jactaba de toda la medicación que tomaba, decía que no podía vivir sin ella, pero que tampoco le ayudaba».

También la acusaron de negarse a dar de comer a los menores sólo porque tuviesen una pequeña rabieta o fuesen más lentos comiendo de lo que ella considerase oportuno. «Estaba sobrepasada por su trabajo, se quejaba de que hacía tareas que no le correspondían».

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