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Junts ha cortado de raíz el optimismo exhibido por Yolanda Díaz al reiterar como definitivo su voto negativo a la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. La vicepresidenta segunda se había mostrado confiada en poder llegar a un acuerdo con los posconvergentes para sacar adelante en el Congreso el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo para esta legislatura, pero se ha topado con la tozuda realidad parlamentaria.
La formación independentista anunció este lunes que presentará una enmienda a la totalidad y un día despuñés, su portavoz en la Cámara baja, Miriam Nogueras, ha sido tajante al respecto negando que esto se tratrase de una estrategia para negociar. «Nuestra posición es un no hacia una ley que afecta, no a la gran empresa, sino a las pequeñas y medianas empresas catalanas. Y están en juego muchos empleos. Si Sumar y sus socios lo tienen tan claro, que negocien con la derecha española», ha zanjado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso.
Díaz había asegurado que había «margen absoluto» de negociación y admitió que Cataluña tiene unas particularidades concretas, entre otras cosas un tejido empresarial con un elevadísimo porcentaje de pymes, pero también unos índices de productividad superiores a la media nacional, que pueden ser tenidos en cuenta . «Creo que Cataluña es un motor de arranque de nuestro país», elogió. Sin embargo, los posconvergentes se muestran sorprendidos por la seguridad exhibida por la dirigente de Movimiento Sumar, que había dicho que la enmienda a la totalidad presentada por Junts era un punto de partida para empezar la negociación. «No queremos concesiones, sino empezar de cero», explican fuentes del grupo parlametnario catalán.
A pesar de advertir de que la negociación se llevará con la máxima discreción, la también ministra de Trabajo sí había apuntado a medidas concretas que pueden allanar el camino a un pacto y que podrían implicar desde moratorias para determinados negocios en la aplicación de la ley, que en principio debería entrar en vigor el 31 de diciembre, a ayudas públicas.
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Díaz recodó, de hecho, que antes de aprobar como anteproyecto el texto, el pasado enero, ya se pusieron encima de la mesa unas medidas de acompañamiento para las pymes que posteriormente se retiraron porque la patronal no quiso el acuerdo, y dejó claro que ahora podrían recuperarse y formar parte de la discusión parlamentaria.
Junts alega que en sus términos actuales la reforma supone un «ataque frontal» a los autónomos y pequeños negocios catalanas de su comunidad. Y su portavoz en la cámara baja, Míriam Nogueras echó en cara al Ejecutivo que aprobara un texto pactado solo con sindicatos estatales, sin contar con la patronal ni los sindicatos catalanes. «Se ha roto el diálogo social», reprochó.
En esta línea, en el grupo parlametario de Junts enfatizan que la ley es «inviable», porque muchas pymes no pueden digitalizarse para realizar el nuevo registro horario digital que pretende implantar el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Junts también ha comentado que la norma puede ser «un buen titular», pero en la práctica puede suponer el cierre de empresas.
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