Valladolid

Una granja municipal destinada a parque desde 1972 se queda fuera del corredor verde de San Cristóbal

Pues bien. Detrás de esos muros 'acorazados' se esconde una larga historia que se remonta a mediados del siglo pasado y que incluye un exitoso negocio familiar -fundado en los años cuarenta por un emprendedor llegado de León y cuyos descendientes echaron raíces en Valladolid-, una expropiación forzosa en 1972 para incorporar esta parcela al entonces incipiente polígono de San Cristóbal y un largo litigio legal a tres bandas entre el Gobierno (Fomento), el Ayuntamiento y los antiguos propietarios de la granja, la familia Pérez Mayor.

El resultado de 52 años de litigios concluyó en 2017 con el terreno, cuya calificación (espacio libre público) obliga a transformarlo en un parque, pasando definitivamente a manos del Ayuntamiento y cayendo en el más absoluto de los olvidos. Tanto es así que a día de hoy, y con una inversión en marcha de 13,9 millones de euros para urbanizar y abrir un corredor verde al borde de la VA-20, que discurre a dos metros escasos de la Granja Luisa, esta parcela de titularidad municipal no solo continúa abandonada sino que en su interior, desde 2019, vive una familia conflictiva que ocupó la antigua casa de dos plantas sin que haya sido desalojada después de numerosas intervenciones policiales con ellos.

Pero hay más. Las 1,4 hectáreas de la vieja granja se han quedado sorprendentemente fuera del citado proyecto a dos bandas de humanización de los bordes de la VA-20, a cargo del Ministerio de Fomento (titular original del terreno) -12,8 millones de inversión-, y de ajardinamiento para habilitar un 'corredor verde ecológico, que ejecuta en paralelo el Consistorio (dueño de la granja) -1.089.891 euros de presupuesto-.

Dicho corredor verde, a su paso por el área industrial, entre los cruces con las carreteras de Segovia y Soria, viene a morir precisamente a los pies del perímetro de la Granja Luisa, enclavada entre las calles Esmeralda y Galena y el Canal del Duero. Y tan cerca llega este pasillo natural que los senderos, ya dibujados y con sus bordes adoquinados, parten del borde de la ronda y llegan al borde mismo del puentecillo del canal que conduce a la citada parcela municipal.

¿Por qué no se ha intervenido en un terreno municipal destinado precisamente a zona verde con un proyecto millonario en marcha que discurre a su lado? Pues la respuesta es compleja y tiene detrás un litigio entre administraciones (Fomento y Ayuntamiento), al margen de los contenciosos con la familia expropiada, que se remonta a mediados de los años noventa del siglo pasado. El terreno estaba entonces aún en manos del ministerio, con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) como titular -la granja fue expropiada en 1972-, y en los proyectos complementarios de urbanización del área industrial (cuyo origen se remonta a 1977) de 1995 y 1997 se acordó que el ministerio urbanizara el entorno de la granja y, según entendía la Corporación municipal, derribara sus edificaciones antes de ceder el suelo al Ayuntamiento para su transformación en un parque público.

Pero los caminos nunca se asfaltaron y las edificaciones tampoco se demolieron. El caso es que la parcela, con la granja aún en pie, aunque en desuso, fue cedida definitivamente por el Sepes al Consistorio el 25 de abril de 2008. Y tres años después, en 2011, la administración municipal requirió a la familia Pérez Mayo el desalojo definitivo de la granja, que por entonces ya prácticamente no se utilizaba. La familia inició entonces un contencioso, casi por orgullo, en el que reclamó la reversión de la propiedad del terreno al no haber sido utilizado por el fin (su conversión en zona verde) para el que fue expropiado en 1972.

Dicho contencioso concluyó el 21 de marzo de 2017, cuando el Ayuntamiento, con varias sentencias de por medio, incluida una inicial que llegó a dar la razón a la familia, rechazó formalmente la reversión del terreno y requirió el desalojo de la antigua granja. Y la familia, que desistió de continuar con el litigio en otras instancias judiciales, entregó formalmente las llaves el 8 de junio de 2017.

«La granja ya no se utilizaba prácticamente para nada y desde que se expropió en 1972, aunque se continuó utilizando de manera residual al no hacer nada en ella las administraciones, fue perdiendo su uso hasta dejar de ser productiva muy poco después», recuerda Miguel Ángel Pérez, sobrino nieto del fundador de la granja (Agustín Pérez Quiñones) e hijo de su último gestor (Teodomiro Pérez Mayo) hasta la expropiación, quien lamenta que «la indemnizacion por la expropiación, que sí que se pagó en su momento (60 millones de pesetas abonadas unos años después), era insuficiente para comprar otro terreno, construir otra granja y mantener una explotación que hasta los años setenta era más que productiva».

El caso es que la familia Pérez Mayo perdió la explotación primero y el terreno después. Y, «¿para qué?», se preguntan sus herederos. Pues visto el estado de la granja la respuesta es sencilla: para nada, al menos, por ahora.

Lo singular de la situación de la Granja Luisa, al margen de litigios, es que su interior, cuando ya era de titularidad municipal y su interior (maquinaria, viejos tractores...) había sido vaciado por sus propietarios originales, fue ocupado dos años después por un clan, una familia que habita aún en la casa de dos plantas (de 85 metros cuadrados cada una), el único edificio que se mantiene en un relativo, solo eso, buen estado -«estaba para tirarla cuando se fue un tío mío, que fue el último que vivió en ella», recuerda Miguel Ángel-. Su portón de entrada por la calle Esmeralda cuenta con una cadena y un candado de los okupas de esta propiedad municipal que carece de suministro legal de electricidad, aunque hay luz en la vivienda, a cuya puerta suele estar aparcado un BMW gris de su propiedad.

La granja llegó a ser precintada por la Policía Local y, en teoría, desalojada el 18 de junio de 2020, cuando los agentes hicieron una redada en su interior y desmantelaron un criadero ilegal de gallos de pelea que habían montado allí sus ilegales inquilinos. Aquel precintó duró lo que duró y desde poco después la propiedad municipal volvió a ser ocupada. Y así continúa. Hace apenas unas semanas, el pasado 30 de abril, los policías locales volvieron a acudir a la parcela después de que un mastín, que se escapó de su interior, mordiera a un viandante y al perro de otra personas que paseaba por los senderos del Canal del Duero. La antigua granja, sin embargo, no fue precintada y sus inquilinos siguen allí habitando una propiedad municipal, que ocupa una superficie de 14.210 metros cuadrados (1,4 hectáreas) que espera a convertirse en un parque desde 1972 (52 años hace).

La Granja Luisa fue contruida a mediados del siglo pasado y sus propietarios llegaron a regentar un popular puesto en el Mercado de El Campillo (desde, al menos, 1942) antes de trasladar su negocio a un amplio local con doble entrada por el número 1 de la calle Vega y el 4 de Mantería.

Y aquella firma (Granja Luisa), cuyo último heredero aún regenta hoy un puesto en El Campillo, llegó a gozar de una gran popularidad en la capital. Primero se habilitó como explotación avícola y después se amplió como matadero, cría de cerdos y fabricación de mantequillas, embutidos y quesos.

La fatalidad, para la familia, quiso que sus terrenos, que ocupaban entonces 2,78 hectáreas (1,4 de la granja y el resto eran campos de cultivo) fueran elegidos a principios para la construcción del polígono de San Cristóbal. El Gobierno, aún franquista entonces, comunicó su expropiación en 1971 y la rubricó un año después. El área industrial, y su asociación de propietarios, entró en funcionamiento en 1977. Pero la granja, salvo las tierras que la rodeaban, se quedaron fuera de la urbanización. Y así continúan 52 años después de aquel 6 de junio de 1972 en el que su rubricó el acta de ocupación del terreno. Su única ocupación desde entonces ha sido ilegal y por parte de la familia que aún vive en su interior.