Sánchez no prevé aclarar aún las causas del apagón en su comparecencia en el Congreso

Este viernes, cuatro días después del colapso que afectó a toda la Península Ibérica, también a Portugal, varios miembros del Ejecutivo argumentaron que el sistema es muy «complejo», que son muchos los actores que intervienen en él y que analizar los miles de datos de las cajas negras que ya han puesto a su disposición tanto Red Eléctrica como el resto de operadores privados va a llevar tiempo, previsiblemente, semanas. También insistieron en que, por ese motivo, no darán por enterrada ninguna hipótesis, tampoco la del ataque cibernético, descartada por la compañía semipública ya el martes.

La oposición habla de opacidad y de un intento de desviar responsabilidades. Y los socialistas contraatacan. «Lo que no va a hacer este Gobierno progresista es eso a lo que nos tenía acostumbrados el Partido Popular cuando gestionaba alguna crisis, como la crisis del Prestige, la del YAK-42 o los atentados del 11M, que sin conocer las causas se aventuraba a salir al paso con cualquier explicación, creyendo que a los ciudadanos se les puede engañar o se les puede decir cualquier cosa sin que exista evidencia para demostrarla», esgrimió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

El argumento de que no se puede desechar nada no es óbice, sin embargo, para que desde el Ejecutivo ya se intenten establecer cortafuegos políticos. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, puso en cuarentena, por ejemplo, las informaciones que apuntan a que las energéticas ya alertaron el pasado 22 de abril a Red Eléctrica de que el mix energético con el que se estaba operando, con un elevado porcentaje de renovables era «suicida», como este viernes publica 'ABC', o a que no es cierto que todo estuviera transcurriendo con normalidad el lunes hasta las 12:30 horas y ya se habían detectado anomalías antes.

Sánchez insistió en sus comparecencias de esta semana en calificar a Red Eléctrica como operador privado. Sin embargo, el Estado es dueño de un 20% de Redeia, su matriz, y el resto son accionistas que en ningún caso pueden superar el 5% del capital. De hecho, su presidenta, la exministra Beatriz Corredor, fue designada por el Gobierno. Que el grave incidente se debiera a una negligencia por su parte también salpicaría al Ejecutivo. «Me cuesta mucho creer que Red Eléctrica tuviera una alerta de algo extraordinario que le hiciera pensar que podía pasar algo grave y que no respondiera. Me cuesta mucho creerlo conociendo a los profesionales de la red eléctrica», dijo el ministro en La Sexta.

A pesar de que también es parte, el Ejecutivo lleva días tratando de presentarse como un agente neutral y reitera una y otra vez que dar por buenas las afirmaciones que se hacen desde las compañías es pecar de ingenuidad porque todas se juegan mucho en términos reputacionales y también económicos, ya que es previsible que de lo sucedido se acaben derivando indemnizaciones millonarias. «Todas tienen una legión de abogados y aquí vamos a entrar en un juego de culpas», dicen.

Este sábado, volverá a reunirse el comité de análisis «independiente» que investiga lo ocurrido bajo la batuta de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y ya tiene en su poder la mayoría de los datos solicitados a las empresas para tratar de hacer una reconstrucción al segundo.

Este viernes, Aagesen también se reunió por videoconferencia con su homóloga portuguesa, María da Graça Carvalho. El país vecino se desconectó de la red española tras el apagón y, aunque las interconexiones están operativas desde el martes, sus responsables han preferido mantener suspendidos los intercambios de energía en términos comerciales «por precaución» . En el encuentro se dio un paso para restituir la confianza y se acordó crear un grupo de seguimiento conjunto« y celebrar una nueva reunión la próxima semana.