Junts se desmarca del pacto por el catalán pactado por el PSC y ERC

Según datos del Gobierno catalán, el 33% de la población de Cataluña tiene el catalán como lengua habitual, frente al 47% que tiene el castellano como su idioma de referencia. En 2003, el catalán y el castellano estaban casi empatados en el 46%-47%.

El Ejecutivo catalán dota al plan nacional por la lengua catalana un presupuesto de 255 millones. El pacto, heredado por Illa del Govern de Aragonès y que forma parte del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, nace cojo. A nivel político, suma una mayoría absoluta en el Parlament muy justa: 68 diputados sobre 135. Junts, CUP, PP, Vox y Aliança Catalana, por razones distintas, se han negado a firmar el pacto nacional.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, afirmó ayer desde Waterloo, donde reunió al grupo parlamentario, que Junts no se sumará hasta que salga la sentencia del Constitucional, que podría estar próxima, sobre la obligatoriedad de que la escuela catalana imparta al menos el 25% de las clases en castellano. Esta cuestión es clave y será el primer escollo serio que tendrá que abordar el Govern socialista. Los socialistas son partidarios de acatar la sentencia, pero Junts presiona para que el Ejecutivo catalán desobedezca el fallo. Junts reclama también a Illa que espere a que se resuelva la reclamación de que el catalán sea idioma oficial en la UE, una cuestión que volverá a estar sobre la mesa en el consejo general de la UE del próximo 27 de mayo.

Puigdemont, en realidad, no quería regalar una victoria política a Illa, en el primer aniversario de su triunfo en las elecciones catalanas. Illa solo ha logrado el apoyo de la mayoría de la investidura, lo que permite a la oposición alimentar la tesis de que el tripartito se está consolidando.

Illa ha tratado de darle toda la solemnidad al acto de la firma del pacto. En su discurso, ha asegurado que el catalán es la lengua propia de la ciudadanía. «Tiene una historia milenaria pero queremos que sea una lengua de pleno derecho, de prosperidad, disfrute y convivencia», ha señalado. Ha definido el catalán como la «columna vertebral de la nación catalana».

El documento suscrito afirma que aunque la situación política y legal del catalán durante los últimos cuarenta años es la «mejor de los últimos tres siglos», sigue siendo una lengua que «no ha logrado el pleno reconocimiento y, por tanto, sigue estando minorizada».

El pacto fija tres retos de naturaleza política y jurídica: primero, el hecho de que sólo es lengua oficial de estado en Andorra y que tiene un reconocimiento legal desigual en el resto de territorios; segundo, las reinterpretaciones bajistas de su estatus de lengua oficial; y tercero, el incumplimiento de facto de la oficialidad incluso en muchos casos en los que está reconocida. El objetivo es de cara a 2030, aumentar en 600.000 el número de catalanohablantes.