Ecologistas recurrirá la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid por «fraudulenta»
El colectivo entregará al TSJCyL un informe elaborado por una consultora especializada en el que se demuestra que la ZBE «no cumple con la finalidad y requisitos establecidos«
Ecologistas en Acción recurrirá la zona de bajas emisiones de Valladolid ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por «fraudulenta», cuyo objetivo es «obligar» al Ayuntamiento a que «cumpla con su obligación legal» de implantar una ZBE «eficaz y ajustada a la ley», al lamentar que la misma se conforma por un tercio de la superficie inicialmente prevista.
En un comunicado recogido por Ical, señalaron que en un informe encargado por Ecologistas en Acción a la consultora madrileña especializada en movilidad sostenible gea21, S.L. se establece que la ZBE «no cumple con la finalidad y requisitos establecidos por la Ley de cambio climático».
Este informe será entregado por la organización ambiental al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro del procedimiento abierto contra la Ordenanza y el Proyecto de la Zona de Bajas Emisiones aprobada por el Pleno municipal del pasado 28 de octubre de 2024, apuntaron.
Así, el informe de gea21 destaca que con la delimitación de la ZBE finalmente adoptada la reducción de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero «se limitará a un máximo del 1,5 por ciento en 2030, año en que las reducciones sólo alcanzarían el 2,2 por ciento de las emisiones de partida de óxidos de nitrógeno (NOx) y el 2,6 por ciento de las emisiones actuales de partículas PM10, en el conjunto de la ciudad de Valladolid».
De esa forma, dicho documento relata que «ni la superficie delimitada ni las restricciones de acceso de la Ordenanza Municipal por la que se regula una zona de bajas emisiones en el municipio de Valladolid son proporcionales a los objetivos de calidad del aire y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que se han dispuesto para dicha Zona de Bajas Emisiones».
Además, el «amplio abanico» de excepciones a las restricciones previstas de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos «no garantiza» el cumplimiento de los objetivos cuantificables dispuestos para la ZBE, ya que el acceso libre de no residentes a los garajes del centro, entre otras exenciones y accesos temporales contemplados en la zona de tráfico restringido, «la convierten en un coladero y en un fraude de ley», subrayaron desde Ecologistas en Acción.
La organización ambiental consideró, igualmente, «abusivo» el acceso libre a los aparcamientos rotatorios del centro, que junto al «favorable tratamiento» de los SUV «privilegia» la movilidad motorizada de las personas con «más renta», contra lo anunciado públicamente por el equipo de Gobierno, ya que la población de «bajos ingresos en general no dispone de coche o de dinero para la compra de combustible, siendo usuaria del transporte público y los medios peatonal y ciclista», recalcaron.
Subvenciones Ministerio
Finalmente, Ecologistas en Acción recordó que las bases de las subvenciones del Ministerio de Movilidad por las que el Ayuntamiento de Valladolid ha recibido hasta el momento más de 15 millones de euros de fondos europeos, «obligan» a que las zonas de bajas emisiones incluyan una «parte significativa de la ciudad», garanticen la reducción de emisiones y «prevean la reordenación» del espacio público en favor del transporte público, las bicicletas y los peatones.
Ante este «incumplimiento» de los requisitos ni plazos legales, según Ecologistas en Acción, el colectivo solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que «reclame» al Ayuntamiento la devolución de los fondos europeos «despilfarrados en una medida ambientalmente inútil», que se suma al «desmantelamiento» de los carriles bici y bus acometido por el actual equipo de Gobierno municipal en «su cruzada contra el medio ambiente», afirmaron.
En última instancia, la organización ambiental atribuyó la responsabilidad de que la ciudad no cuente con una Zona de Bajas Emisiones «útil a la negligencia y erróneo cálculo político» del anterior alcalde y actual ministro, Óscar Puente, que, con el apoyo de Valladolid Toma la Palabra, a la «mitad de su segundo mandato se negó a implantar esta medida hasta pasadas las elecciones municipales que a la postre le desalojaron del poder, mostrando escasa convicción», concluyeron.
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