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El Gobierno asegura buscar la verdad. Pero también necesita un relato. El histórico apagón que el lunes afectó durante horas a toda la Península Ibérica ... ha provocado una sacudida que ha hecho tambalearse uno de los pilares sobre los que Pedro Sánchez quiso asentar, desde su llegada a la Moncloa, su política energética, la transición ecológica; una materia a la que incluso reservó una de las tres vicepresidencias del Ejecutivo en señal de compromiso. A lo largo de estos años, desde las empresas del sector se han vertido muchas críticas por los ritmos y las condiciones en las que se les pretendía imponer el cambio de paradigma que implica un sistema basado fundamentalmente en el uso de renovables. Y cuando ocurrió lo que en España, supuestamente, no podía pasar (Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, 'dixit') se abrió la caja de Pandora.
En Moncloa aseguran que, en medio del caos y la tensión que, según reconocen algunos ministros, se vivieron en las primeras horas tras el inusual 'cero energético nacional', el presidente del Gobierno fue capaz de mantener la cabeza fría y establecer prioridades. «Había que centrarse en la restitución del suministro», dicen. «Todo se entrena y él tiene un máster en crisis», añaden. Como es obvio, sin embargo, lo primero que hizo Sánchez cuando entró en las instalaciones de Red Eléctrica, en la localidad madrileña de Alcobendas –a la que se desplazó poco después de que alguien interrumpiera su reunión en La Moncloa con el primer ministro de Chipre, Nikos Christodoulides, para avisarle (en la sede del Gobierno se conectaron al instante los grupos electrógenos)–, fue la pregunta del millón: «¿Qué ha pasado?». Y la respuesta fue todo menos satisfactoria: «No lo sabemos».
Si de algo es consciente el jefe del Ejecutivo es que, en política, los espacios que no se ocupan se pierden y los vacíos de información pueden ser peligrosos porque siempre habrá quien los llene en tu lugar. En estos días en los que el Gobierno se ha reconocido incapaz de aportar certezas, otros han aprovechado para poner sobre el tapete las advertencias desatendidas, que eran muchas y abrumadoramente coincidentes, en torno a las falta de adecuación de la red a un mix con un peso elevado de energías asíncronas, como la fotovoltaica o la eólica, que pueden causar fuertes perturbaciones.
No ha sido una voz, sino varias. Dos ejemplos. El expresidente de Red Eléctrica y exministro socialista Jordi Sevilla escribió el miércoles en Cinco Días: «El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se planificó desde un despacho, con demasiado mesianismo renovable y haciendo oídos sordos a los problemas técnicos asociados a un cambio tan importante». Y las crónicas de estos días han recordado párrafos del informe que Redeia remitió a la CNMV en febrero y en el que se hacía referencia al riesgo asociado a la «pérdida de prestaciones de generación firme» por el cierre de centrales de generación convencional como las de carbón, ciclo combinado (gas) y nuclear.
Sánchez, al que la oposición acusa de haber esperado demasiado en comparecer el lunes (no lo hizo hasta las seis de la tarde), se percató rápido de que la idea que se había ido instalando mientras él se hacía cargo de lo inmediato le estaba haciendo un agujero. Y esa percepción no hizo sino aumentar cuando, a medio día del martes, el director operativo de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, dejó caer que la ubicación en la que comenzó el apagón «puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar» y, para colmo, descartó otra hipótesis que hasta entonces se veía aún como posible, el ciberataque. Minutos después, el presidente compareció en La Moncloa, negó que las renovables fueran el problema, cargó contra la energía nuclear y advirtió de que exigiría «responsabilidades» a los operadores privados, aunque no pudiera especificar responsabilidades por qué.
«No somos ingenuos, las compañías están colaborando después de que el presidente les leyera la cartilla, pero algo se van a tapar. Aquí hay muchos intereses en juego», dice un ministro en alusión a la reunión urgente a la que Sánchez convocó también el martes a Corredor –la exministra socialista hoy al mano de Red Eléctrica– y a representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy para pedirles colaboración. Un día después, la máxima responsable de REE, que hasta entonces había estado en silencio, ofreció dos entrevistas para corregir a su subordinado Prieto y acompasar su discurso al del Gobierno: las renovables no han sido.
El Ejecutivo advierte de que no dará marcha atrás en el calendario de cierre de las nucleares, que termina en 2035, pese a las presiones de Iberdrola o Endesa y las críticas del PP y Vox por su estigmatización. Y se afana en defender su modelo. Por un lado, alega que el lunes la penetración de renovables no era distinta a otros días. Por otro, ha echado a rodar sus argumentos a favor de las energías limpias –la UE incluyó la nuclear en esa categoría en 2022 contra del criterio de España o Alemania (con matices ahora del nuevo canciller Merz), que hacen hincapié en la toxicidad de sus residuos por cientos de miles de años–, como que son menos contaminantes, mucho más baratas y nos hace menos dependientes de terceros países y más atractivos a la inversión. «En España no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y tenemos viento», ha remarcado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
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