Valladolid

Archivan la causa contra mandos de El Empecinado investigados por malversación de fondos

Un error en el procedimiento que da al traste con más de un año de pesquisas, con exhaustivos análisis, por ejemplo de la Guardia Civil, y que ha servido para archivar la causa, ya que de seguir «se produciría una lesión de derechos fundamentales (para los investigados), ya que la decisión acerca de seguir o no adelante la instrucción se debe adoptar con 'lo que hay' cuando venció el plazo de instrucción, no 'con lo que puede haber después' vencido un plazo que es propio», detalla la coronel.

De tal forma, la titular del juzgado se agarra a diferentes sentencias en las que se describe que «el plazo de instrucción es un límite infranqueable para la práctica de diligencias, a salvo de las acordadas antes del plazo y practicadas o recibidas después», recoge el auto del archivo.

Todo empezó un 14 de febrero de 2023. Ese día, la Fiscalía de Valladolid recibía una denuncia anónima (durante el resto del procedimiento dejó de ser anónima al aparecer el nombre y los apellidos de un posible denunciante) en la que se detallaba una ristra de posibles irregularidades en el seno de la base militar de Santovenia de Pisuerga.

Acompañada por facturas y correos electrónicos, se denunciaba «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Los hechos se circunscribían a los años 2021 y 2022, aunque se solicitaba que se ampliara la investigación a años anteriores, cuando al menos cuatro altos mandos de El Empecinado, en connivencia con representantes de siete empresas, «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios, incrementando presuntamente el valor unitario de los conceptos facturados o falseando la realidad. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado. El desvío de fondos durante estos dos años se cuantificaba en un total de 180.000 euros.

Esa documentación fue derivada por la Fiscalía al órgano jurídico-militar para iniciar unas exhaustivas pesquisas que obligaron a la Guardia Civil a desplegarse por las instalaciones de El Empecinado.

Tomaron declaración al personal de la base y se llevaron amplia documentación en cajas, además de ahondar en los servidores centrales. Todo esto antes de que la causa se elevara al Juzgado Militar Central ante una posible imputación de altos mandos investigados en el procedimiento.

Y las pesquisas, finalmente, llegaron a Madrid. El Togado Militar Central número 2, el pasado 14 de febrero de 2024, cuando se cumplía un año del inicio del procedimiento, acordó prorrogar el plazo de instrucción por un periodo de seis meses. Este venció el 2 de septiembre de 2024 y nunca más se prorrogó. Entre medias, por ejemplo, con fecha del 7 de mayo de 2024, el anterior titular del juzgado planteó a la Sala su abstención en la causa al haber intervenido anteriormente como fiscal en el procedimiento. Pudo apartarse tras un auto con fecha del 4 de junio. Fue el penúltimo auto del juzgado antes del que decretaba el archivo, datado el 9 de abril de 2025.